¿CUAL TRABAJO DECENTE CUANDO EL GOBIERNO Y LOS EMPRESARIOS SON CÓMPLICES?

El 30 de diciembre de 2013 el gobierno nacional firmo un acuerdo con la comisión permanente de concertación de políticas salariales y laborales, donde se comprometió a tramitar un proyecto de ley para exonerar a los pensionados del 8%, de los aportes en salud, elemental medida de justicia, dado que los empresarios habían sido premiados con la reforma tributaria del año 2012, de ese 8% del régimen contributivo en salud. Pues bien, el gobierno no solo no ha presentado el proyecto de ley, sino que se ha opuesto y ha solicitado al ministro de hacienda, Mauricio cárdenas, interceder en el hundimiento de los proyectos que algunos senadores han impulsado en el congreso de la república, aduciendo la existencia del déficit fiscal, argumento que no alego cuando se trato de exonerar al empresariado de los aportes que hacían al SENA y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, medida que le represento a los empresarios embolsillarse $8,5 billones de pesos. Igual situación ha pasado con la promesa que el candidato-presidente hizo en plena campaña reeleccionista el año 2014, con un sector del movimiento sindical sobre el tema del restablecimiento pleno de los recargos nocturnos, dominicales y festivos, que fueron arrebatados y reducidos mediante la ley 789 de 2002, durante el gobierno del verdugo del pueblo trabajador Álvaro Uribe. Esa reivindicación, que es un clamor nacional, cobija a cerca de dos millones de trabajadores de menores ingresos y solo representa 1,4 billones de pesos anuales. Con la misma argumentación fiscalista del 8% de los pensionados, el ministro y el hoy senador Uribe, solicitaron a la comisión VII de senado el 18 de junio pasado, el hundimiento del proyecto que restablecía este derecho, el gobierno nacional anuncio que no cumpliría dichos compromisos y se dispuso a cerrarle el paso a todos los proyectos de ley que en ese sentido presentaron diversos congresistas. En conclusión… nos hicieron conejo de nuevo. También se escuchó al empresariado, a través de la ANDI, en cabeza del doctor Alberto Echavarría, dando respaldo pleno al gobierno en esa decisión de no cumplir los acuerdos y a renglón seguido, la necesidad de derogar el artículo 63 de la ley 1419 de 2010, puesto que según ellos, es un absurdo que el empresariado no pueda tercerizar cualquier actividad económica o empresarial. Recordemos que dicho artículo prohíbe la intermediación laboral, no solo mediante cooperativas de trabajo asociado, sino en cualquier otra modalidad, es decir, empresas SAS, contratos sindicales, empresas de servicios temporales, etc, En todas las actividades misionales permanentes de las empresas. La tercerización laboral no solo permite restringir los derechos laborales, sino que se convierte en el mayor de los obstáculos para el pleno ejercicio del derecho de asociación, al atomizar a los trabajadores frente a las relaciones directas con el empresariado. Se le facilita de esta manera al empleador decir, que esos no son sus trabajadores y por lo tanto, no puede atender sus más sentidas peticiones en la eventualidad de sindicalizarse. Este si es el máximo gozo del empresariado para la aplicación de políticas tendientes a flexibilizar el mundo del trabajo, precarizar el empleo, disminuir los ingresos de los trabajadores y restringir las libertades sindicales. Pero también seguir el abuso continúo contra los trabajadores que son utilizados como mercancía y que en cualquier momento son desechados y arrojados a la calle y esa es la gran labor social que pregonan los empresarios y a la cual Leonisa no es ajena.